Por Juan Carlos Villalonga, Pte Junta Directiva de Los Verdes.
Poner en discusión el plan nuclear sigue siendo un desafío muy difícil en Argentina. Así lo demuestra el derrotero que viene sufriendo el proyecto de desnuclearización de la provincia de Córdoba, presentado por la coalición de ONG "Córdoba no nuclear", bajo el mecanismo de Iniciativa Popular, regulado por la Ley provincial 7811.
Las organizaciones que impulsamos el proyecto de ley que busca prohibir en el territorio de la provincia la generación nucleoeléctrica, la construcción de repositorios nucleares, el transporte de material radiactivo y la extracción de minerales nucleares, logramos la adhesión de 30 mil cordobeses, superando ampliamente el 0,8% del padrón electoral como lo exige la ley, para que el proyecto sea tratado por la Legislatura provincial.
Las adhesiones fueron presentadas ante las autoridades legislativas, pero a sólo un día de vencer el plazo de 60 días para su giro a comisiones, los mismos parlamentarios que recibieron el proyecto cambiaron de opinión. Ahora, para tratar el proyecto, piden a las ONG que certifiquen las firmas de las 25 mil personas que apoyan el proyecto. Esto representa un costo aproximado de unos 3 millones de pesos. Obviamente, un requisito que bloquea toda posibilidad de que una iniciativa popular prospere en la Provincia de Córdoba.
En primer lugar, la suma requerida para realizar la certificación invalida de hecho el mecanismo de Iniciativa 
Popular, no solo para organizaciones de la sociedad civil, sino para que cualquier ciudadano que tenga intención de ser parte de una democracia más intensa y participativa. Por otro lado, ni un ciudadano de a pie ni una organización civil gozan del mismo derecho que los partidos políticos al juntar sus adhesiones. Los primeros deben hacerse cargo económicamente de la logística y/o el costo de la certificación ante escribano, mientras que para los segundos, la Justicia Electoral hace el trabajo.
El desaliento a la participación por fuera de los partidos es evidente, más aún cuando se trata de un tema sobre el que nadie quiere abrir el debate. La discusión sobre el futuro energético del país está vedada, y el tema nuclear, en particular, es un tema tabú del que no se quiere discutir.
La extensión de la vida útil de Embalse es un desacierto energético y económico. El proceso de "lifting" de la central debe detenerse hasta que se decida el futuro nuclear de la provincia. Es necesario que los cordobeses tengan la posibilidad de un debate abierto y sincero sobre lo que significa extender su compromiso nuclear, con su carga de residuos, riesgos y recursos que no se destinan a otras fuentes energéticas. Es un deber también que los argentinos, en general, podamos ser parte de un discusión más amplia acerca de la inversión en fuentes de generación de energía y sus impactos inmediatos y futuros, tanto económicos como ambientales. Pero claro, debate y participación democrática no han caracterizado nunca al sector nuclear en Argentina, y tampoco a los sectores políticos que lo apoyan.
