Juan Carlos Villalonga
Pte.Junta Directiva Los Verdes
Este año Córdoba se encuentra frente a una disyuntiva en relación con las actividades nucleares que se desarrollan en la provincia. La vida útil de la Central Atómica Embalse ha llegado a su fin y durante 2013 deberá cesar su operación. El Gobierno Nacional proyecta realizar una importante inversión de dinero para extender su vida útil. Esto significa que durante casi dos años esa Central deberá permanecer cerrada mientras se realizan los ajustes y reemplazos de equipamiento que permitan extender los permisos de funcionamiento de la planta.
La extensión de la vida útil del reactor significa persistir bajo el riesgo de la generación nucleoeléctrica, aumentar el pasivo de residuos altamente radiactivos que permanecen alojados en Embalse y una erogación de dinero que no se justifica en términos energéticos.
La decisión que ha tomado el Gobierno Nacional no será sometida a consulta alguna en Córdoba. Por otro lado, el Gobierno aún no ha hecho público su plan energético a pesar de llevar años prometiéndolo. Sin embargo, todos los días se toman decisiones en esta materia que afectan la vida de millones de argentinos y nuestros recursos naturales. Es inadmisible que se adopten medidas de esta magnitud sin discusión pública y sin conocer cuál es el plan a futuro.
El costo de la operación de extensión de vida de Embalse arranca en unos 1.300 millones de dólares. El costo real será mucho mayor si tenemos en cuenta las experiencias registradas en reactores similares en Canadá, país de origen de la tecnología de reactores CANDU. El elevado costo de la operación de extensión de vida de Gentilly-2, una central similar a la de Embalse ubicada en Quebec, acaba de abandonarse por no resistir la más mínima racionalidad económica.
La decisión de extender la vida útil de una planta nuclear debe ser asumida con la misma intensidad que la de construir un nuevo reactor. No es una decisión para minimizar. Renovar el compromiso que significa convivir con el riesgo nuclear aceptando además la pésima ecuación económica de este tipo de energía. No puede ser una resolución adoptada por el Ejecutivo Nacional sin mediar una debida evaluación de riesgos, alternativas y de aceptación social.
En términos de alternativas, Argentina posee recursos naturales fácilmente aprovechables para producir energía renovable y limpia en cantidades que permitirían reemplazar totalmente la generación nuclear en unos pocos años. Pero para hacerlo, hace falta tomar la decisión de dejar de invertir los valiosos recursos económicos que hoy se destinan en mantener a flote a la energía nuclear y transferirlos a impulsar el despegue, por ejemplo, de industrias en alza como la energía eólica.
Si el Gobierno Nacional tan sólo cumpliera la ley vigente, en 2016 se podría generar el 8% de la energía total en base a fuentes renovables, una cantidad superior a lo que hoy aporta la energía nuclear. Ese tan sólo sería un primer paso de lo que se podría hacer en materia energética. Por el contrario, se pretende seguir intensificando los subsidios e inversiones gubernamentales para sostener el plan nuclear. Un buen ejemplo es la finalización de Atucha II, la que será muy probablemente la central nuclear más cara del mundo, con inyección de dinero proveniente de la ANSES. Se está despilfarrando el dinero de los argentinos, como tantas veces se hizo en el pasado, en plantas nucleares.
Podemos iniciar un cambio de matriz de generación energética con la visión de alcanzar a mediados de este siglo la totalidad de la generación eléctrica basada en fuentes limpias y renovables. La transición debe iniciarse desde ahora con el despegue a gran escala de la energía eólica y la desactivación de las plantas nucleares antes del 2020. Es posible alcanzar ese año cubriendo el 25% del consumo en base a fuentes renovables.
Esa transición energética es posible técnicamente, ya que disponemos de la tecnología y los recursos y, además, viene acompañado de una gran noticia: es económicamente competitivo. La barrera es política. Sólo hacen falta las decisiones correctas.
Podemos tener un futuro energético completamente diferente al presente. Pero no se logrará si no se toman decisiones innovadoras y si la dirigencia política continúa haciendo “lo mismo de siempre”. Por eso impulsamos en la provincia de Córdoba una iniciativa legal para desactivar, a partir del año 2014, las actividades nucleares en esa provincia y dar un paso hacia la transformación energética nacional.
Este año es el momento para tomar una decisión trascendente como ésta. Decisión que no sólo es oportuna, es también absolutamente racional y viable.
