Esto publica La Nación hoy en relación al acuerdo alcanzado entre Argentina y Uruguay sobre el monitoreo conjunto del río Uruguay. Vicente Palermo es de los pocos intelectuales que, en Argentina, prestó atención al conflicto y buscó evitar la demagogia y los facilismos en el conflicto.
Hay una entrada sobre su libro al respecto. De este artículo quiero destacar su observación acerca de que no se trata de una solución “científica”, la solución es política, tal como debió haber sucedido desde el primer momento. La solución siempre pasó por lo político, no hay solución judicial ni científica para temas que hacen al desarrollo sustentable. Pero bueno, tarde, pero tenía que ocurrir, aunque haber buscado una solución política hace 6 años atrás hubiera arrojado mejores resultados para la región.
Cali
Opinión
Solución política, más que científica
Vicente Palermo
Para LA NACIONJueves 29 de julio de 2010
Hace muy poco tiempo la relación entre los gobiernos uruguayo y argentino estaba en su nadir y las posiciones parecían inconciliables. Del lado argentino, entre la metralla de declaraciones, recuerdo una perla: "No vamos a hacer un monitoreo conjunto para ver cómo Botnia contamina".
Haber recurrido a la Corte Internacional de Justicia fue el lamentable resultado de un extenso período de mala política. Pero ese elevado precio no fue en vano: el fallo fue recibido como correspondía y la situación comenzó a destrabarse. En el nuevo escenario, los sectores más duros del asambleísmo de Gualeguaychú se quedaron sin política; ganó terreno en la opinión pública un ánimo de hartazgo con el obcecado bloqueo y a favor de un acuerdo; y el nuevo presidente uruguayo mostró destreza y buena voluntad e hizo su parte para despejar de obstáculos el camino hacia este entendimiento.
El acuerdo por el monitoreo del río Uruguay consiste en la integración de un comité científico, en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), con funciones de monitorear "todos los establecimientos industriales, agrícolas, y centros urbanos que vuelcan sus efluentes". La autoridad de aplicación de cada país (Dinama, para Uruguay; aún por determinar, en el caso de la Argentina) tomará muestras del río. El monitoreo consistirá en el examen de las muestras, así como de las emisiones gaseosas. El acuerdo tiene implicaciones muy importantes.
Nadie ignora que, sobre todo en la margen argentina del río, pululan fuentes de contaminación de todo tipo. La creación de una apropiada autoridad de aplicación -no significa crear un nuevo organismo, pero sí reunir los recursos humanos y financieros necesarios- tendrá urgencia. Que se establezca, taxativamente, que se trata de tomar muestras excluye ideas fantasiosas sobre formas de control lindantes con la inspección policíaca.
En vísperas del acuerdo, entre mucho Twitter y declaraciones confusas, alguien expresó que había que "dejar la cuestión en manos de la ciencia". Mejor abandonar rápidamente esta ilusión. La buena política estuvo detrás de este éxito y deberá estar detrás del buen funcionamiento del dispositivo previsto. No se trata de arrasar con los técnicos, al contrario; pero ningún técnico podrá establecer, a partir de criterios puramente técnicos, la línea de corte entre lo que es ambientalmente sostenible y lo que no. Es improbable que el acuerdo satisfaga a los asambleístas recalcitrantes, pero también lo es que recuperen la capacidad de acción de otrora. "Volver al corte" es fácil de decir, no de hacer, y su base vecinal está disgregada.
Quedan temas pendientes; un gran amigo de la Argentina, el ex embajador Alberto Volonté, observó que son casi tres decenas. Recuerdo uno de ellos: el dragado de los canales. Ojalá aprovechemos el impulso y dejemos atrás tanta querella inútil.
El autor es investigador del Conicet y miembro del Club Político Argentino.
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